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Antes del terremoto: ¿Qué sabía Colombia sobre la vulnerabilidad de sus hospitales?
Un terremoto de magnitud 7,4 dañó cientos de establecimientos de salud. Años antes, el Estado había identificado un rezago considerable en reforzamiento y había exigido inventarios anuales que deberían mostrar qué cambió antes del desastre.
En este artículo
El colapso de una parte del Hospital Universitario del Valle (HUV) durante el terremoto del 10 de agosto obligó a cerrar alrededor de 250 camas y trasladar pacientes a otras instituciones de la red departamental. La pregunta inmediata es qué ocurrió en esa parte del edificio. La pregunta de fondo es qué sabía Colombia sobre la vulnerabilidad sísmica de sus hospitales, qué ordenó hacer y qué puede demostrar —o todavía no— el registro público sobre el cumplimiento de esas medidas.
Según la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, el espolón 2 del HUV colapsó durante el terremoto. Allí funcionaban servicios de pediatría, medicina interna y ginecología. El hospital cerró los servicios de hospitalización del área afectada y otras instituciones abrieron espacio para recibir a los pacientes.
Pero la pregunta no es solamente por qué se cayó una parte del hospital.
También hay que preguntarse qué había antes.
¿Bajo qué evaluaciones de seguridad sísmica había sido estudiado el HUV? ¿Qué edificios o áreas habían sido reforzados y cuáles no? ¿Quién diseñó, contrató, ejecutó, supervisó, modificó y recibió esas obras? ¿Cuánto dinero se comprometió y qué terminó entregándose?
Detrás de todas esas preguntas hay otra: ¿qué exigían las normas y los planes de preparación, y qué ocurrió en el edificio cuando llegó la prueba?
No es una diferencia semántica. Los hospitales deberían seguir siendo parte de la respuesta precisamente cuando el resto de una ciudad está bajo presión.
La evidencia disponible al cierre de esta revisión no demuestra corrupción ni negligencia. Tampoco demuestra que una obra de reforzamiento haya fallado. Y todavía no existe una evaluación técnica pública que establezca el mecanismo que produjo el colapso del espolón 2.
La primera tarea es, por tanto, más limitada y más exigente: reconstruir qué se sabía, qué se ordenó, qué se financió, qué se contrató, qué se terminó y qué quedó pendiente; después, comparar ese registro con lo que el terremoto dejó expuesto.
El problema no empezó el 10 de agosto
El terremoto tuvo magnitud 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano lo describió como el evento sísmico de mayor magnitud registrado instrumentalmente en Colombia durante el siglo XXI.
El impacto humano seguía cambiando mientras se preparaba este artículo. El 16 de agosto, los balances oficiales recogidos por Reuters situaban alrededor de 290 personas fallecidas, más de 140 desaparecidas y unas 4.200 heridas. Esas cifras son una fotografía fechada de una emergencia en evolución, no un balance definitivo.
Lo que Colombia no descubrió después del terremoto fue que su infraestructura sanitaria podía ser vulnerable.
En 2009, el Ministerio de la Protección Social acogió la iniciativa global Hospital Seguro frente a Desastres como programa nacional. Cuatro años después, la Resolución 5381 de 2013 recordaba que la Ley 400 de 1997, la Ley 715 de 2001 y otras normas ya habían establecido obligaciones relacionadas con construcciones sismorresistentes, evaluación de vulnerabilidad e intervención estructural de instituciones de salud.
La misma resolución de 2013 reconoció que las acciones de reforzamiento habían sido insuficientes frente al volumen de estudios y obras requeridos. Por eso amplió el plazo cuatro años más.
Ocho años después, el problema seguía abierto.
La Resolución 2132 de 2021 reprodujo un diagnóstico técnico elaborado por la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio. El análisis comprendía 368 edificaciones hospitalarias públicas consideradas indispensables y ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia:
- 17 no requerían reforzamiento;
- 41 tenían reforzamiento total;
- 114 tenían reforzamiento parcial; y
- 196 no contaban con ningún tipo de reforzamiento.
La resolución afirmó que 84,23 % todavía requería obras de reforzamiento total o parcial. Los conteos por categoría indican que 310 de las 368 edificaciones permanecían en ese grupo.
La fecha es fundamental: 2021.
Ese porcentaje no puede utilizarse como si describiera automáticamente las condiciones de agosto de 2026. En casi cinco años pudieron terminarse obras, comenzar otras, rediseñarse proyectos o quedar intervenciones sin ejecutar. El estado de instituciones concretas pudo cambiar.
Pero la resolución sí demuestra algo diferente y relevante: el problema estaba identificado, cuantificado e incorporado a un proceso administrativo.
Las prórrogas
Una prórroga no demuestra por sí sola que alguien haya actuado mal.
Reforzar un hospital mientras continúa atendiendo pacientes puede exigir años de obras por fases, traslado temporal de servicios, trabajo especializado y recursos considerables. El Ministerio utilizó esas limitaciones al justificar otra extensión en 2021. La Resolución 2132 mencionó la complejidad de intervenir edificios en funcionamiento, el tiempo requerido para las adecuaciones, la limitación de recursos y los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19.
El Ministerio amplió nuevamente el plazo, esta vez hasta el 19 de diciembre de 2024.
Las explicaciones están en el registro. Lo que falta reconstruir es qué produjo el tiempo adicional.
Si se necesitaban más años, debería ser posible identificar qué hospitales avanzaron, qué proyectos comenzaron, qué recursos fueron asignados, quién ejecutó las obras y cuáles intervenciones siguieron pendientes.
La pregunta no es únicamente por qué se movió el plazo. Es qué ocurrió durante el tiempo que creó la prórroga.
Los cinco años que faltan
El propio Estado estableció un mecanismo que debería ayudar a responder esa pregunta.
La Resolución 2132 ordenó a las secretarías departamentales y distritales de salud —o a las entidades que hicieran sus veces— elaborar un inventario con el avance de las acciones de reforzamiento estructural de las instituciones clasificadas como edificaciones indispensables. También ordenó remitir esos inventarios al Ministerio durante los primeros quince días de febrero de cada año, bajo el formato y los lineamientos definidos por la entidad.
Eso significa que debería existir una secuencia administrativa correspondiente a los reportes anuales de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
No sería razonable asumir que todas las necesidades de infraestructura podían resolverse necesariamente durante ese periodo. Sí es razonable esperar que el registro muestre qué edificios seguían pendientes, cuáles avanzaron, cuánto dinero se comprometió, qué obras se contrataron, quién las ejecutó y supervisó, y por qué se retrasaron determinados proyectos.
Al cierre de esta revisión, THE CDLE BRIEF no había localizado un consolidado nacional público que permitiera establecer la situación exacta de las 368 edificaciones inmediatamente antes del terremoto.
Es una limitación material. Impide afirmar que el rezago de 2021 permanecía intacto en 2026.
También deja abierta una pregunta de interés público: si el reporte anual era obligatorio, ¿qué muestran los inventarios de esos cinco años?
Terminar un contrato no es lo mismo que reducir el riesgo
El objetivo de una política de reforzamiento sísmico no es que exista un contrato. Es reducir de manera comprobable la vulnerabilidad.
Para saber si eso ocurrió no basta con encontrar el nombre de una obra. La cadena relevante incluye presupuesto, estudios de ingeniería, diseño, contratista, materiales, interventoría, modificaciones, prórrogas, actas de entrega, inspecciones y mantenimiento posterior.
Un proyecto puede aparecer administrativamente terminado y dejar sin respuesta qué se hizo físicamente, bajo qué especificaciones técnicas y en qué parte de un complejo hospitalario.
Esa diferencia es especialmente importante en el HUV.
Espolón 2
El HUV no llegó a 2026 sin antecedentes relacionados con vulnerabilidad sísmica.
El catálogo documental de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres conserva el registro de Análisis de vulnerabilidad sísmica Hospital Universitario del Valle, un estudio de 90 páginas elaborado en Cali por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en 1992.
El registro bibliográfico demuestra que la vulnerabilidad sísmica del HUV era objeto de estudio técnico hace más de tres décadas. Sin el documento completo y los expedientes de proyectos posteriores, no demuestra que el análisis de 1992 hubiera identificado una vulnerabilidad específica en la parte que colapsó en 2026.
La distinción es fundamental.
Lesmes también afirmó que el HUV había recibido reforzamiento estructural, pero no pudo precisar si el espolón afectado estaba entre las áreas reforzadas. Destacó la antigüedad del edificio y señaló que probablemente no toda la estructura estaba reforzada.
Por eso este artículo no atribuye el colapso a una falta de reforzamiento. Tampoco afirma que una intervención terminada haya fallado.
Antes de sostener cualquiera de esas conclusiones, el registro tendría que establecer qué estudios comprendían el espolón 2, qué intervenciones recomendaron, qué se contrató, qué se construyó y qué concluye la evaluación técnica posterior al terremoto.
Siguen siendo posibles escenarios materialmente diferentes. Esa parte pudo no haber sido incluida en un proyecto determinado. Pudo existir una obra planeada pero pendiente. Pudo haber sido reforzada y aun así sufrir una falla durante un evento extraordinario. O podría aparecer evidencia de deficiencias en alguna intervención.
No son explicaciones intercambiables. Ninguna debe elegirse antes de conocer los documentos y los hallazgos de ingeniería.
Y nombres
También importa saber quién tomó las decisiones. No para asignar responsabilidades antes de conocer los hechos, sino porque las decisiones públicas se materializan en actos identificables.
Alguien aprueba un presupuesto. Alguien diseña la intervención. Alguien firma el contrato. Alguien ejecuta la obra. Alguien realiza la interventoría. Alguien acepta una modificación. Alguien certifica la entrega.
Cuando existe una vulnerabilidad identificada, reconstruir esa cadena permite distinguir explicaciones completamente distintas: falta de financiación, limitaciones técnicas, retraso administrativo, incumplimiento contractual, supervisión deficiente o una irregularidad documentada.
La palabra corrupción exige más. Solo debería utilizarse cuando puedan demostrarse conductas específicas: apropiación de recursos, direccionamiento contractual, colusión, pagos indebidos, falsificación, sobrecostos deliberados u otros hechos sustentados.
El registro revisado para este artículo no permite hacer esa acusación respecto del colapso del espolón 2.
216 establecimientos afectados no son 216 hospitales destruidos
El reporte Natural Hazards Monitoring del 13 de agosto de la Organización Panamericana de la Salud indicó que 216 establecimientos de salud habían sufrido algún nivel de daño por el terremoto.
“Algún nivel de daño” no significa que 216 hospitales hubieran colapsado. No significa que 216 instituciones hubieran cerrado. Tampoco significa que esas instalaciones fueran las mismas edificaciones incluidas en el conjunto de 368 analizado por el Ministerio en 2021.
Para medir la consecuencia sanitaria hay que distinguir entre daño estructural, daño no estructural y pérdida funcional. Un hospital puede permanecer en pie y dejar de operar si pierde agua, energía, gases medicinales, comunicaciones o equipos esenciales. Otro puede sufrir daños físicos importantes, conservar algunos servicios y trasladar los demás dentro de la red.
El Valle del Cauca mostró ambas dinámicas.
En una entrevista de El País publicada el 16 de agosto, Lesmes afirmó que el Hospital San Rafael de El Águila quedó inservible y recibió apoyo de otra institución y de un hospital móvil. Describió daños severos en Roldanillo, mientras urgencias, quirófanos, imagenología y laboratorio permanecieron disponibles y la hospitalización fue trasladada temporalmente a un salón de conferencias. Otras instituciones afectadas se reorganizaron y continuaron trabajando.
La medida relevante no es solo cuántas instalaciones resultaron dañadas. También es cuánta capacidad de atención se perdió, qué funciones se conservaron y durante cuánto tiempo.
La red también respondió
La misma evidencia impide contar una historia simple de fracaso generalizado.
Después del colapso parcial del HUV, los pacientes fueron redistribuidos hacia otras instituciones. Lesmes afirmó que la red departamental consiguió acomodarlos, atendió alrededor de 1.300 lesionados por el terremoto y coordinó prestadores públicos y privados, hospitales móviles y la reorganización temporal de servicios.
Parte de la infraestructura falló. Parte de la red se adaptó.
Son hallazgos diferentes y ambos pertenecen al registro.
Una política de hospitales seguros no puede medirse únicamente por la aparición de grietas o el colapso de un edificio. También debe preguntar si las funciones esenciales continúan cuando se pierde capacidad.
Colombia ya había comenzado a ampliar su política en esa dirección. La Resolución 625 de 2024 adoptó la iniciativa Hospitales Resilientes frente a Emergencias de Salud y Desastres. La Resolución 2716 de 2025 estableció después los lineamientos de implementación del programa, incluidas herramientas para evaluar riesgos, formación de evaluadores, posibilidades de financiación o cofinanciación y un sistema nacional de información.
El terremoto llegó pocos meses después.
Prevención y respuesta no son lo mismo
La evidencia disponible permite hacer una distinción.
La prevención pregunta cuánto riesgo conocido se redujo antes del desastre. La respuesta pregunta cuánto servicio esencial pudo mantenerse después de que ocurrió.
El Valle del Cauca mostró capacidades importantes en la segunda. Eso no responde todavía qué tan bien se resolvió la primera.
Durante décadas, Colombia expidió normas, encargó estudios, amplió plazos y apoyó intervenciones destinadas a proteger infraestructura sanitaria. En 2021, el registro oficial todavía mostraba un rezago considerable. Cinco años después llegó una prueba real.
La pieza que falta es qué ocurrió durante ese intervalo.
El mejor argumento contrario
Existe una explicación menos acusatoria y debe ser considerada seriamente.
Reforzar un hospital puede ser técnicamente complejo y costoso. Algunas instalaciones fueron construidas décadas antes de los estándares actuales. Los hospitales no pueden suspender durante años todos sus servicios mientras se interviene cada área. Las normas cambian, los recursos públicos son limitados y ningún reforzamiento convierte una estructura en indestructible.
El Ministerio utilizó varias de esas razones al ampliar los plazos. En 2013 reconoció que las acciones adelantadas eran insuficientes frente a la magnitud de las necesidades. En 2021 añadió las limitaciones de recursos, la dificultad de intervenir hospitales en funcionamiento y los efectos de la pandemia.
El terremoto de magnitud 7,4 también fue un evento extraordinario.
Por eso sería un error observar un edificio dañado y concluir automáticamente que alguien actuó mal. La pregunta correcta es más difícil: ¿qué podía conocerse razonablemente antes, qué medidas eran exigibles y cuáles se ejecutaron?
Cuando el riesgo ya se conoce
El conocimiento cambia lo que la ciudadanía puede exigir razonablemente.
Cuando existe un estudio, una norma establece una obligación, se fija un plazo, pueden identificarse las instituciones responsables y se asignan recursos, el Estado debería poder explicar qué ocurrió después.
Eso no significa que toda demora sea corrupción, que toda prórroga sea negligencia ni que todo hospital dañado demuestre una obra defectuosa.
Significa algo más básico: la historia de una decisión pública debe poder seguirse.
Qué se sabía. Qué se decidió. Qué se pagó. Qué se construyó. Qué quedó pendiente.
El dinero destinado a seguridad hospitalaria no debería terminar su vida pública cuando se firma un contrato. Su resultado debería verse en el edificio y en los servicios que continúan disponibles después de que se mueve la tierra.
Después del terremoto
Durante algunos días después de una tragedia, un país estudia sus estructuras. Se pregunta por qué cayeron, quién las construyó, si se cumplieron las normas y cuánto costará reconstruir.
Después llegan otras historias. Desaparecen los escombros. Cambian los titulares.
El riesgo no.
Los documentos oficiales demuestran que Colombia conocía mucho antes del 10 de agosto la necesidad de proteger parte de su infraestructura sanitaria frente al riesgo sísmico. También muestran que se realizaron intervenciones y que, en el diagnóstico de 2021, persistía un rezago considerable.
El terremoto por sí solo no explica por qué permanecía una vulnerabilidad concreta. Tampoco identifica todavía responsables por el colapso del espolón 2.
Pero deja una pregunta que debería sobrevivir a la emergencia: ¿qué ocurrió entre saber que existía el problema y hacer lo necesario para reducirlo?
Una norma no protege por sí sola a un paciente. Un contrato tampoco.
La protección está en las decisiones que convierten ambas cosas en un hospital capaz de seguir funcionando cuando más se necesita.
Nota metodológica
La información de este artículo fue verificada hasta el 16 de agosto de 2026, mientras continuaban la respuesta a la emergencia y las evaluaciones de daños.
El dato de 84,23 % se cita tal como fue publicado por el Ministerio en la Resolución 2132 de 2021. Corresponde exclusivamente al diagnóstico de ese año y no representa un porcentaje confirmado para agosto de 2026. Los conteos de la misma resolución identifican 114 edificaciones con reforzamiento parcial y 196 sin reforzamiento, dentro de un total de 368; 310 dividido entre 368 produce 84,24 % bajo el redondeo convencional.
La Resolución 2132 exigía inventarios anuales a las autoridades departamentales y distritales de salud. THE CDLE BRIEF no localizó un consolidado nacional público que mostrara la situación precisa de las 368 edificaciones antes del terremoto.
La cifra de 216 establecimientos afectados reportada por la OPS se refiere a instalaciones con algún nivel de daño. No significa que todas hubieran sido destruidas, cerradas o incluidas en el conjunto analizado por el Ministerio en 2021.
El catálogo de la UNGRD confirma la existencia y los datos bibliográficos del estudio de vulnerabilidad del HUV de 1992. Esta revisión no utilizó ese registro bibliográfico para inferir los hallazgos técnicos del estudio ni su aplicabilidad al espolón 2.
Lesmes afirmó que el HUV había recibido reforzamiento estructural, pero no pudo confirmar si el espolón afectado estaba entre las áreas reforzadas. Por eso este artículo no atribuye el colapso a una falta o falla de reforzamiento y no imputa corrupción, negligencia ni responsabilidad individual sin evidencia específica.
El registro deberá actualizarse si se hacen públicos los inventarios de 2022–2026, los expedientes técnicos del espolón 2, los documentos de contratación e interventoría o la evaluación estructural posterior al terremoto.
Registro editorial
Evidencia, límites y actualizaciones
Declaración y limitaciones
Limitaciones metodológicas: la respuesta a la emergencia y las evaluaciones estructurales continuaban al momento de la revisión. El diagnóstico del Ministerio de 2021 no puede proyectarse sin cambios hasta agosto de 2026. No se localizó un consolidado nacional público de los inventarios anuales de reforzamiento de 2022–2026. Tampoco estuvieron disponibles para esta revisión el estudio completo del HUV de 1992, los expedientes técnicos y contractuales específicos del espolón 2 ni la evaluación estructural posterior al terremoto. No se concluye cuál fue el mecanismo técnico del colapso ni se atribuyen corrupción, negligencia o responsabilidad individual.
Financiación y conflictos de interés: este artículo no recibió financiación externa, viajes, hospitalidad ni apoyo institucional. El autor declara no tener conflictos de interés materiales.
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Conversación informada
Qué bueno sería que en la reconstrucción de tantas cosas que requiere la patria milagro, se tenga en cuenta este tipo de observaciones. Nunca será tarde para corregir, mejorar y darle el rigor al concepto de salud que bien puede concretarse en una edificación tan importante en una calamidad como lo es un hospital.
Un aporte fundamental que deberían todos los secretarios de salud leer.
Excelente artículo. Se tenía un diagnóstico bien hecho hasta el 2021 pero luego se hecho al olvido y no se hizo absolutamente nada porque importo más la política de destrucción qué de hacer bien las cosas. Felicitaciones.
Excelente publicación
Muy buen artículo